La ministra de Sanidad, Mónica García, ha proclamado hoy que su departamento tomará medidas para integrar la interrupción voluntaria del embarazo a través del método farmacológico dentro de la cartera común de servicios de Atención Primaria. Este anuncio se realizó durante el evento “Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso”, en el que también participó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con motivo del Día Internacional del Aborto.
García enfatizó la intención de facilitar a las mujeres el acceso a este método cuando sea pertinente para su situación, destacando la necesidad de que puedan recibir atención desde los centros de salud. “Queremos que cuenten con información clara, profesionales capacitados y un acompañamiento adecuado antes, durante y después del proceso”, manifestó la ministra.
Con el objetivo de hacer posible esta medida, el Ministerio de Sanidad modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, adaptando los requisitos necesarios para que esta prestación se ofrezca en los centros de salud. Adicionalmente, se comenzarán los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el aborto farmacológico, a fin de permitir su uso fuera del ámbito hospitalario. También se actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir específicamente esta atención en el nivel de Atención Primaria.
García subrayó la importancia del trabajo conjunto con las comunidades autónomas y los profesionales de la salud para implementar estos cambios. “Queremos que las mujeres sepan dónde acudir, tengan la capacidad de elegir con información y dispongan de un equipo al que puedan recurrir durante todo el proceso”, añadió. La ministra destacó el impacto que estas medidas tendrán en la vida diaria de las mujeres: “Ahorrarse un desplazamiento, saber a quién llamar si surge alguna duda, y sentirse acompañada por un equipo que las conoce”.
Durante su exposición, García recordó que en 2024, cerca de ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se llevaron a cabo en centros privados. A su vez, resaltó que varias comunidades autónomas han logrado implementar mayoritariamente esta atención en el sistema público de salud: “Contamos con experiencias exitosas y con profesionales que saben cómo llevarlo a cabo”.
La ministra reafirmó la necesidad de garantizar el acceso efectivo al aborto en todo el territorio español, subrayando la responsabilidad de los gobiernos autonómicos en asegurar esta prestación. Asimismo, se refirió a la reciente campaña institucional presentada por Sanidad, enfatizando el respeto por las variadas formas en que las mujeres viven una interrupción del embarazo: “Ninguna mujer debe sentir la necesidad de demostrar que está atravesando un mal momento para que su decisión sea legítima”.
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