La sanidad en Ceuta se encuentra en un momento crítico marcado por dos realidades concurrentes. Por un lado, los datos asistenciales proporcionados por el Ministerio de Sanidad indican que la infraestructura hospitalaria ha gestionado la presión derivada de la llegada masiva de migrantes desde el 30 de julio sin experimentar un colapso. Sin embargo, los representantes del personal médico han convocado una huelga para el 24 de septiembre, alegando un agotamiento significativo en el último mes. Esta situación resalta la discrepancia entre la capacidad de atención del sistema y el desgaste acumulado entre sus profesionales.

Desde el Gobierno central se ha defendido la efectividad del dispositivo sanitario habilitado ante el aumento en la demanda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que medidas organizativas han permitido gestionar picos de hasta 1.200 asistencias en un solo día, sin tener que suspender consultas externas ni intervenciones quirúrgicas para la población local. El informe oficial del Ministerio asegura que la ocupación del Hospital Universitario de Ceuta se ha mantenido por debajo del 50% en términos generales, alcanzando un máximo del 55% durante los días de mayor demanda.

Para mantener este nivel de servicio, se han incorporado más de 100 profesionales para reforzar Urgencias, el 061 y los centros de salud, además de establecer circuitos asistenciales separados para la población residente y los recién llegados. La plantilla del INGESA en Ceuta actualmente está compuesta por unos 1.450 trabajadores, quienes gozan de las retribuciones más altas en comparación con el resto del país. Además, se han movilizado 45.000 vacunas para proteger la salud pública.

A pesar de la versión gubernamental, las organizaciones sindicales y colegiales destacan un diagnóstico de precariedad laboral y excesivos esfuerzos por parte de los trabajadores. CEMSATSE, el sindicato mayoritario en la Mesa Sectorial del INGESA, ha presentado un calendario de movilizaciones que concluirá con la huelga prevista para el 24 de septiembre. Esta decisión ha sido respaldada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico de Ceuta, como una «respuesta extrema» tras semanas de carga laboral elevada.

Los representantes de los trabajadores argumentan que el mantenimiento de las actividades no es resultado de una planificación eficaz, sino del alargamiento de jornadas laborales y la renuncia al descanso, incluso con esfuerzos voluntarios de los sanitarios. El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado una falta de transparencia en las cifras oficiales, afirmando que muchos de los refuerzos son en realidad prórrogas de contratos existentes, y exigen la formalización de contratos de al menos seis meses, así como días de descanso compensatorios.

La Organización Médica Colegial ha observado en el terreno un aumento de las bajas laborales por agotamiento, así como cargas asistenciales que han duplicado la actividad habitual en Urgencias. Además, se han documentado 574 horas adicionales trabajadas por Médicos Internos Residentes (MIR) con turnos que han llegado a durar hasta 24 horas en áreas como Urgencias o Traumatología. Desde CSIF se ha pedido la creación de un Comité de Seguridad y Salud para abordar los riesgos biológicos, la sobrecarga y las agresiones al personal.

La gestión de la crisis sanitaria en Ceuta ha suscitado intensos enfrentamientos entre los grupos parlamentarios en el Congreso. Mientras que el partido socialista ha respaldado las acciones del Ministerio, destacando un aumento del 70% en el presupuesto sanitario destinado a Ceuta y Melilla desde 2018, la oposición ha criticado fuertemente su gestión. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líderes del Partido Popular y Vox, han denunciado la existencia de un colapso sanitario en la zona, y Carmen Fúnez del PP ha señalado que la Administración ha actuado con retraso y sin protocolos claros.

En el ámbito epidemiológico, el Ministerio de Sanidad ha negado la existencia de una emergencia sanitaria generalizada entre la población local, sustentando su posición en la composición del colectivo migrante, que es en su mayoría joven y saludable. Entre el 30% y el 40% de las atenciones han sido para curas y lesiones menores. Los informes oficiales también han identificado casos de gastroenteritis vinculados al consumo de agua no potable, así como episodios de sarna en los asentamientos temporales y tres diagnósticos de tuberculosis. En cuanto a la varicela, Javier Padilla, secretario de Estado, ha aclarado que los casos en Urgencias no cumplían criterios para ingreso hospitalario, siendo su retención necesaria para mantener el aislamiento previo y controlar la propagación del virus.

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