El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha el proceso de audiencia y consulta pública para un nuevo real decreto que regulará la situación de las personas electrodependientes, así como la creación de un registro estatal específico. Esta iniciativa surge a raíz de las experiencias obtenidas durante el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025 y tiene como objetivo fundamental aumentar la protección sanitaria de aquellos que requieren un suministro eléctrico constante para sus funciones vitales o para evitar consecuencias funcionales graves.

La norma implementará, por primera vez, una definición común de electrodependencia que será aplicable en todo el país. Asimismo, se establecerán criterios clínicos para acreditar esta condición y se regulará la emisión de un certificado sanitario específico. Este registro estatal permitirá identificar las necesidades de las personas electrodependientes, asegurará la continuidad de su atención en caso de desplazamientos entre comunidades autónomas y mejorará la respuesta ante apagones o emergencias que afecten el suministro eléctrico.

El proyecto define como persona en situación de electrodependencia a aquel individuo que, debido a problemas de salud, requiere un suministro eléctrico regular para operar productos médicos esenciales. Para que una persona sea reconocida como electrodependiente, deberán cumplirse conjuntamente cuatro criterios: tener una patología grave, emplear un producto sanitario que demande electricidad, contar con la prescripción de un médico especialista y demostrar que una interrupción del suministro puede poner en riesgo su vida o acarrear secuelas funcionales serias.

El profesional encargado del tratamiento informará al paciente sobre la posibilidad de solicitar el certificado de electrodependencia, que podrá ser solicitado por el propio paciente o por su representante en la comunidad autónoma de residencia. Tras verificar que se cumplen todos los criterios establecidos, el especialista emitirá un certificado que quedará registrado en la historia clínica del paciente. Este documento especificará el tipo de producto sanitario prescrito, los motivos de su uso, las horas diarias de funcionamiento, la duración del tratamiento y el nivel de crítico en caso de una interrupción del suministro eléctrico.

La condición de electrodependencia se mantendrá vigente mientras sea necesaria la utilización del dispositivo, bajo la supervisión del especialista. Además, el certificado establecerá el nivel de riesgo de cada persona ante un corte en el suministro eléctrico. Se diferenciarán tres grados de riesgo: el nivel 1, de riesgo extremo, para quienes no podrían sobrevivir sin el dispositivo durante menos de 30 minutos; el nivel 2, de riesgo alto, para aquellos que puedan sobrevivir entre 30 minutos y cuatro horas; y el nivel 3, de riesgo moderado, para quienes toleren la falta del dispositivo durante más de cuatro horas. Esta categorización permitirá que las autoridades sanitarias y los servicios de protección civil prioricen su respuesta en situaciones de emergencia.

El nuevo decreto también dará lugar al Registro estatal de personas electrodependientes, que estará vinculado al Ministerio de Sanidad y forma parte del Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Su función será mejorar la protección de este colectivo, garantizar una atención continua en todo el territorio y facilitar el desarrollo de políticas sanitarias, sociales y energéticas más efectivas.

Este sistema permitirá confirmar la condición de electrodependencia y sus características principales desde cualquier servicio de salud en el país, asegurando así una atención coordinada y segura, incluso si la persona se encuentra en una comunidad autónoma distinta a la de la certificación. Además, la información recopilada será clave para que las autoridades sanitarias y los servicios de protección civil identifiquen las necesidades más urgentes y establezcan prioridades en la actuación ante cortes significativos del suministro eléctrico.

El Registro deberá estar operativo en un plazo máximo de doce meses desde la aprobación del real decreto. El proyecto estará abierto a sugerencias y comentarios del público hasta el 11 de septiembre, que pueden ser enviados a la dirección de correo habilitada para tal efecto.

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