La sanidad en Ceuta se encuentra en un punto crítico, tras la decisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, de asignar a casi 400 inmigrantes irregulares en situación de vulnerabilidad a los cupos de Atención Primaria. Estas personas recibirán atención por parte de los médicos de Medicina de Familia y Pediatría en los centros de salud locales. Se estima que esta medida implicará una carga adicional de cerca de siete pacientes por médico, aunque los profesionales sanitarios advierten que el número real podría ser mucho mayor, lo que afectaría negativamente a los ciudadanos ceutíes. Este anuncio se produce en un momento de gran presión asistencial en el sistema sanitario, que ha estado bajo tensión durante los últimos dos meses.
El incremento de pacientes plantea un dilema crucial para la comunidad ceutí: si se aumenta el número de pacientes atendidos, ¿habrá un incremento equivalente en la cantidad de médicos disponibles? La respuesta a esta interrogante es negativa. La administración del INGESA ha señalado que la asignación de estos nuevos pacientes está acotada a los 400 mencionados, y se ha desmarcado de la idea de incorporar a toda la población migrante en la atención sanitaria. El grupo de inmigrantes incluye 86 menores de 14 años, más de 260 adolescentes entre 14 y 17 años, cerca de 50 mujeres, algunas posiblemente embarazadas, y nueve adultos que padecen enfermedades crónicas y requieren seguimiento médico.
El ingreso de estos nuevos pacientes en el sistema sanitario plantea notables interrogantes sobre el impacto en los profesionales de la salud y los recursos disponibles en los centros. Estos individuos requerirán atención médica continua, pediátrica, seguimiento, pruebas y, cuando sea necesario, atención especializada, integrándose así al circuito sanitario habitual en lugar de recibir atención en un sistema paralelo. Este desafío es particularmente visible en Ceuta, donde se han solicitado plazas para médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, así como de Pediatría de Atención Primaria, aun reconociendo la necesidad de cubrirlos.
A pesar de entender la urgencia de reclutar nuevos médicos y pediatras, el INGESA opta por aumentar el número de pacientes bajo la atención existente. La administración ha asegurado que monitoreará las necesidades asistenciales y tomará medidas para incorporar más profesionales en caso de ser necesario. Sin embargo, la inquietud persiste sobre si estas contrataciones se realizarán antes de que el aumento de la carga de trabajo genere complicaciones en la obtención de citas, un incremento de la presión sobre las consultas y un mayor número de derivaciones hacia urgencias y el hospital, que ya atraviesan una situación delicada.
La crisis migratoria ha impulsado al INGESA a establecer dispositivos sanitarios específicos, aunque estos han sido limitados. El 31 de julio se puso en marcha un dispositivo especial de refuerzo en Atención Primaria y Atención Especializada, en respuesta a la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos. Este dispositivo incluyó la ampliación de horarios y la incorporación de más médicos de familia y enfermeros en ciertos centros de salud.
Además, una vez que un paciente es aceptado en Atención Primaria, tendrá acceso a todo el circuito sanitario según su situación clínica, ya que los médicos de familia o pediatras son la puerta de entrada a los especialistas, pruebas diagnósticas, urgencias y hospitalizaciones.
Etiquetas: Mónica García, Ceuta
