El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) y el Sindicato Médico CESM-CV han expresado su satisfacción ante la reciente modificación de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana. Esta reforma, que se formalizó con la publicación de la Ley 5/2026 el 31 de julio, establece un régimen específico de sanciones para las agresiones en el ámbito sanitario. La norma, que apareció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 10 de agosto de 2026, establece multas que varían entre 500 y 5.000 euros para infracciones consideradas leves; de 5.001 a 15.000 euros para las graves, que incluyen insultos, vejaciones e injurias; y de 15.001 a 60.000 euros para las infracciones muy graves, que abarcan amenazas, coacciones, acoso y ataques físicos o verbales.
Ambas organizaciones han señalado que esta reforma es el resultado de una iniciativa conjunta del COMA y CESM-CV, cuyo objetivo es mejorar la protección de médicos y del personal de las instituciones sanitarias bajo la Conselleria de Sanitat. En su opinión, la implementación de este régimen sancionador constituye un avance significativo para abordar las agresiones en el ámbito de la salud mediante una respuesta administrativa adecuada.
La ley amplía su protección a conductas agresivas provenientes de pacientes, usuarios, familiares y acompañantes, incluyendo aquellas que se realicen a través de medios digitales o redes sociales. Además, las agresiones que ocurren fuera de los centros sanitarios, pero que están relacionadas con el ejercicio profesional, también quedan contempladas en esta normativa.
El COMA y CESM-CV han hecho un llamado para que estas medidas sean aplicadas de manera efectiva y que se difundan ampliamente en los centros sanitarios. Asimismo, han instado a los profesionales a que reporten y denuncien cualquier agresión, ya sea física o verbal. La ley también otorga a los profesionales agredidos la condición de autoridad pública en estos casos, lo que implica que, en situaciones de infracciones graves o muy graves, se puede acordar la asignación del paciente a otro profesional o centro, incluso como medida provisional durante el proceso de tramitación del expediente.
La normativa incluye la posibilidad de exigir la reparación de los daños causados, así como cubrir los gastos derivados de la atención sanitaria de la víctima y las indemnizaciones que correspondan legalmente. Además, los profesionales agredidos tienen la opción de renunciar a atender al paciente, siguiendo un procedimiento establecido que debe garantizar la continuidad asistencial y evitar la desatención.
El COMA y CESM-CV han reiterado la importancia de la correcta aplicación de estas medidas y de su difusión en el ámbito sanitario, y han asegurado que tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato Médico, junto con la Administración, brindarán apoyo y asesoramiento a los profesionales afectados durante este proceso. Según han señalado, la protección de los profesionales sanitarios no solo es fundamental para su seguridad, sino que también contribuye a mantener la calidad de la atención que se ofrece a los pacientes.
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