Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha señalado directamente al facultativo que presentó la denuncia como el responsable de haber alterado de forma irregular la prioridad de 57 pacientes en el área de Traumatología del Hospital Ramón y Cajal. La responsable autonómica ha rechazado categóricamente la existencia de una manipulación generalizada en las listas de espera, calificando la polémica como una maniobra de Mónica García para atacar la gestión sanitaria del Ejecutivo regional.
Por su parte, la ministra de Sanidad sostiene una postura opuesta, argumentando que las presuntas modificaciones no son un hecho aislado de un único profesional o centro, sino que responden a una práctica sistemática promovida por la Consejería madrileña para proyectar una imagen más favorable sobre los tiempos de espera asistenciales. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad ha solicitado información oficial a la Comunidad de Madrid, mientras que la administración regional mantiene abiertas las diligencias informativas correspondientes.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fátima Matute denunció lo que calificó como un intento de «fabricar una mentira» para atacar al Gobierno regional. La consejera subrayó que el conflicto se limita exclusivamente a 57 expedientes de traumatología en el Hospital Ramón y Cajal y criticó que la ministra pretenda extender el problema a la totalidad de los hospitales madrileños. Matute explicó que el facultativo que trasladó la queja a los medios de comunicación es quien habría modificado la gravedad asignada a los pacientes para obtener beneficios profesionales, concretamente para reducir su carga de trabajo y tratar casos de menor complejidad.
La consejera detalló que los superiores del médico detectaron dicha conducta y le notificaron un apercibimiento por escrito para que rectificara las cifras. Matute añadió que el propio denunciante se ha expuesto al haber revelado que posee expedientes disciplinarios abiertos, afirmando que «la manipulación es de la ministra». Asimismo, defendió la calidad del sistema sanitario madrileño, asegurando que los hospitales de la Comunidad de Madrid son de los mejores de España y que mantienen las listas de espera más bajas del país, negando cualquier tipo de maquillaje institucional.
A pesar de haber señalado públicamente al médico, Matute admitió que las diligencias informativas internas aún no han concluido. Ante las preguntas sobre si la culpabilidad del facultativo era una conclusión definitiva de estas actuaciones, evitó dar más detalles, indicando que no puede ampliar la información hasta que el proceso concluya. La consejera describió el caso como un «problema entre dos profesionales» y lanzó duras críticas contra la ministra García y su equipo, mencionando que el denunciado tiene expedientes disciplinarios y ha sido acusado de daños materiales en su vehículo y en el de su jefe de servicio.
Matute acusó a la ministra de utilizar este conflicto para desviar la atención de otros temas, calificándola de activista cuya misión es boicotear la sanidad madrileña. Según la consejera, la ministra ha encontrado la «excusa perfecta» para evitar hablar de su gestión en Ceuta o de la huelga de médicos, la cual, según advirtió Matute, provocará un incremento de las listas de espera en todo el territorio nacional.
La consejera defendió que la gestión de las demas asistenciales se rige por una orden de la Comunidad de Madrid de 2016 y por una normativa estatal de 2003. Estas regulaciones garantizan la equidad y el acceso de los pacientes, estableciendo que la prioridad de las intervenciones depende estrictamente de criterios clínicos y de la responsabilidad de los facultativos. Matute reiteró que en la Comunidad de Madrid no se manipulan las cifras y destacó que la administración publica mensualmente sus tres listas de espera, enviando los datos al Ministerio de Sanidad, una práctica que, según afirmó, otras comunidades autónomas no realizan.
Ante la información de que otros profesionales habrían detectado cambios de prioridad realizados desde la dirección médica, Matute mantuvo que el incidente afecta únicamente a los 57 expedientes del médico de traumatología del Hospital Ramón y Cajal. Ante la posibilidad de que otros profesionales involucrados tengan alguna relación con el denunciante, la consejera sugirió que podrían tener algún vínculo personal o de parentesco con dicho profesional, aunque no pudo confirmar detalles específicos al respecto.
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