La Comunidad de Madrid ha afirmado que está «cumpliendo taxativamente» con las exigencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con la creación de un registro de objetores al aborto. Esta declaración se produce tras las afirmaciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien había solicitado a la Abogacía del Estado que tomara las medidas necesarias para garantizar que el Ejecutivo regional cumpla con la ley y con la resolución del TSJM emitida en marzo. En esa decisión, el tribunal aceptó la medida cautelar solicitada por el Ministerio, ordenando a la Comunidad iniciar el proceso para establecer el registro conforme al protocolo acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, realizó estas declaraciones en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Afirmó que el Ejecutivo regional es un gobierno «que siempre protege la vida» y que se compromete a «defender el derecho a la objeción de conciencia» de los profesionales médicos, pero de una manera que sea «compatible» con la atención a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, tal como establece la normativa vigente.
Además, García Martín criticó a Mónica García, señalando que representa «un peligro para la salud pública» en España. Le instó a que «deje de mentir» y de «utilizar» el Ministerio de Sanidad como un medio para «atacar a la Comunidad». En un tono desafiante, le preguntó también sobre la procedencia de los 300.000 millones de euros que había prometido para reforzar la sanidad en las comunidades autónomas, sugiriendo que su gestión en esta área es «nefasta» y que habla por sí misma.
Así, el debate sobre el registro de objetores al aborto se intensifica en la Comunidad de Madrid, con ambos lados defendiendo sus posturas y acusaciones mutuas en el marco de un tema tan sensible como es la interrupción voluntaria del embarazo.
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