La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha respondido a la solicitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha pedido que el Gobierno autonómico anule sus protocolos de confidencialidad para los profesionales del sector. Desde el departamento, se argumenta que esta petición refleja un desconocimiento de la legislación vigente y se defiende que estos protocolos no limitan el derecho de los trabajadores a denunciar o realizar acciones contempladas en cualquier ley, incluyendo la Ley 2/2023.

Según la Consejería, el documento mencionado por García en su carta a la consejera de Sanidad es un requisito obligatorio para los trabajadores, cuyo fin es preservar la confidencialidad de datos e información médica sensible. Esta medida se enmarca en el ámbito asistencial y se considera compatible con los derechos de los profesionales. Desde el departamento, se rechaza que las instrucciones internas puedan ser vistas como una barrera para que los trabajadores ejerzan sus derechos según el marco legal.

La Consejería de Sanidad enfatiza que estos protocolos están redactados de manera estricta y están destinados a proteger la información médica sin poner en riesgo al trabajador. Además, se subraya que es responsabilidad del profesional mantener y resguardar la información sanitaria a la que accede en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha recordado que aún espera una respuesta de la ministra de Sanidad a la carta que la consejera le envió en junio, en la que se solicitaba un desglose de los 300.000 millones de euros que, según la ministra y el presidente del Gobierno, se habrían destinado a las comunidades autónomas para el área de sanidad. La Consejería manifiesta que este asunto sigue pendiente de aclaración por parte del Ministerio y reclama que se especifique el destino de esos fondos.

En relación con las críticas de Mónica García sobre la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid, el departamento autonómico sostiene que la ministra está «embarrando el terreno de juego» y considera que sus afirmaciones están cargadas de sesgo. Además, cuestiona las alusiones de García a un supuesto «maquillaje» de la situación sanitaria en la región, contrastando esta crítica con la gestión de las vacunas destinadas a Ceuta.

En este contexto, la Consejería exige que se rinda cuentas a las comunidades autónomas sobre las 45.000 vacunas solicitadas de manera anticipada y sobre el uso que se les está dando en la actualidad.

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