La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto de relieve la importancia que está adquiriendo la reforma del Estatuto Marco en las negociaciones que versan sobre las condiciones laborales de los profesionales del ámbito sanitario. García ha señalado que los acuerdos establecidos en los últimos meses entre diversas comunidades autónomas y los sindicatos han surgido en gran medida gracias a las medidas propuestas por su departamento. Durante esta primavera, ha destacado la cantidad de ‘acercamientos’ que se han producido y ha apuntado al movimiento a nivel autonómico. Las comunidades autónomas son, según ha mencionado, las administraciones competentes en materia de condiciones laborales de los profesionales sanitarios, y han llevado a cabo pactos que se sustentan «al albur» de lo que establece el Estatuto Marco.
Entre los temas abordados en estas negociaciones, la ministra ha incluido la reducción de las guardias, la disminución de la carga asistencial, la mejora de la conciliación familiar y la reducción de horas de guardia. García ha enfatizado su compromiso con la actualización de una normativa que ha permanecido vigente durante más de veinte años. En sus palabras, no le preocupa si su intervención ha llegado tarde; se considera la primera ministra que aborda las condiciones laborales después de más de dos décadas sin intentos de reforma significativos.
La ministra se ha mostrado «orgullosa» de haber iniciado la discusión sobre las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, dirigiéndose no solo a los médicos, sino a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS). Ha destacado que el sistema sanitario opera mediante «equipos multidisciplinares» y ha enfatizado que el Estatuto Marco aspira a beneficiar a la totalidad de estos profesionales.
La evolución de las negociaciones se ha desarrollado en un contexto de discrepancias sobre diversas condiciones laborales. Para García, uno de los resultados de las conversaciones a nivel estatal ha sido fomentar movimientos en las comunidades autónomas. A su juicio, el debate abierto por su departamento ha actuado como una «palanca» que ha incentivado a los gobiernos regionales a adoptar medidas dentro de su ámbito de competencias, incluyendo el refuerzo de plantillas y una mayor inversión en el SNS, además de mejoras relacionadas directamente con la jornada laboral y la conciliación.
García ha recalcado que parte de la responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales corresponde también a los gobiernos autonómicos. En este sentido, ha recordado que la Administración General del Estado ha incrementado los recursos transferidos a las comunidades en un 45% en los últimos años. Algunas comunidades han utilizado estos recursos para mejorar las condiciones laborales y los salarios de los profesionales, aunque García ha criticado a otras que no lo han hecho, mencionando que han optado por destinar esos fondos a mejorar sus propias cuentas o a reducir impuestos a colectivos adinerados.
Con esto, la ministra ha vuelto a situar la reforma del Estatuto Marco como una herramienta fundamental para transformar las condiciones laborales dentro del SNS, además de ser un factor que impulsa a las autonomías a negociar acuerdos propios. Desde el Ministerio que dirige García, se sostiene que una parte significativa de las mejoras demandadas por los profesionales sanitarios depende de las decisiones que tomen las administraciones autonómicas. La ministra defiende que el proceso estatal ha acelerado esas negociaciones y ha puesto las condiciones laborales de los sanitarios en el centro de la agenda pública después de más de dos décadas sin una reforma integral del Estatuto Marco.
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