Francia y Alemania ya están experimentando las consecuencias económicas de no diferenciar entre los cigarrillos y los productos sin humo, un problema que España aún tiene la oportunidad de evitar. Un reciente estudio revela que el creciente gasto sanitario se ha convertido en uno de los mayores retos fiscales para los gobiernos de la Unión Europea. La amenaza a la sostenibilidad de los sistemas de salud se ve acentuada por la alta prevalencia de enfermedades crónicas prevenibles, que están estrechamente ligadas a los hábitos de vida de la población. En este contexto, la publicación en Frontiers in Health Services introduce el índice SCORE, que sugiere que la solución no radica en aplicar prohibiciones uniformes, sino en implementar regulaciones que sean inteligentes y que se ajusten proporcionalmente al riesgo de cada producto.
Este hallazgo cobra una relevancia especial en un momento en el que tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea están revisando sus directrices y normativas antitabaco. La penalización por igual de los cigarrillos, que son productos de alta combustión, y las alternativas de menor riesgo, como el vapeo y las bolsas de nicotina, impide que los consumidores opten voluntariamente por opciones que tengan un menor impacto tanto biológico como ambiental. En España, donde casi 9 millones de personas son fumadoras y un 30% de la población no fumadora está expuesta diariamente al humo de segunda mano, la situación se torna crítica debido a la considerable carga de morbilidad que podría evitarse.
El potencial económico de una corrección normativa es significativo. Un estudio presentado por Foment del Treball estima que si los fumadores cambiaran los cigarrillos convencionales por alternativas de menor daño, el beneficio económico para España podría oscilar entre los 21.400 y los 31.000 millones de euros, lo que representaría hasta un 2,3% del PIB nacional. La aplicación del modelo SCORE en el país implicaría un cambio de un enfoque restrictivo uniforme a uno que contemple una fiscalidad y normativa escalonada según el riesgo, lo que incentivaría a los fumadores adultos a optar por alternativas menos perjudiciales, protegiendo así tanto a los no fumadores como las finanzas públicas.
La experiencia de otros países europeos ilustra las consecuencias de una regulación ineficaz. Francia, que cuenta con un marco regulatorio muy restrictivo, se ha convertido en el principal mercado ilícito de cigarrillos en Europa, con un 41% de su consumo proveniente de canales ilegales, según KPMG. Este mismo índice SCORE posiciona a Francia entre los países con mayor ahorro sanitario no aprovechado, a causa de no diferenciar adecuadamente entre cigarrillos y productos de riesgo reducido. Alemania presenta un patrón similar, con casi un tercio de los cigarrillos consumidos en el país procedentes del exterior sin pagar impuestos, lo que también la coloca en la lista de naciones con un alto gasto sanitario evitable debido a su normativa inadecuada.
Italia ofrece otro ejemplo. Un estudio en ScienceDirect indica que si el 50% de los fumadores del país optara por productos de riesgo reducido, el Servicio Nacional de Salud italiano podría ahorrar 722 millones de euros en gastos sanitarios. En contraste, el Reino Unido se ha destacado como un modelo a seguir por su enfoque de diferenciación clara entre los cigarrillos y otras alternativas, incluso promoviendo el vapeo entre fumadores. Esta estrategia ha resultado en un crecimiento del gasto sanitario más moderado en comparación con el resto de Europa. Una investigación de la Universidad de Brunel estima que si el 50% de los fumadores ingleses se pasara al vapeo, el sistema de salud pública (NHS) podría ahorrar más de 500 millones de libras al año, equivalentes a unos 583 millones de euros.
El mensaje del índice SCORE es claro: si España se aleja de este modelo de diferenciación y opta por una prohibición generacional, podría enfrentarse a los mismos problemas que ya enfrentan Francia, Alemania e Italia. No se trata solo de una cuestión de salud individual, sino de una herramienta fiscal crucial. Facilitar el paso de los fumadores adultos a productos menos tóxicos puede aliviar la presión sobre los hospitales a largo plazo. La alternativa, como muestran las experiencias de sus vecinos, sería ceder el control de la nicotina a un mercado negro, mientras se estrangulan los presupuestos públicos destinados a la salud.
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