La polémica en torno a la gestión de las listas de espera quirúrgicas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal ha dado un nuevo giro con la reciente movilización en apoyo a Luis Martos, un traumatólogo que ha denunciado presuntas irregularidades en los registros de tiempos de espera. Decenas de profesionales de la salud y pacientes se congregaron a las puertas del centro para manifestar su respaldo al médico, quien anunció su intención de iniciar acciones legales contra Fátima Matute, responsable de la sanidad en la comunidad. Durante la protesta, Martos destacó la importancia de la transparencia y defendió su derecho a denunciar prácticas que, según él, perjudican a los pacientes, subrayando que es crucial proteger a quienes se atreven a señalar problemas en el sistema.

El facultativo aseguró que se siente acosado por las declaraciones de la consejera, las cuales considera perjudiciales y repletas de falsedades acerca de su conducta. Anunció que las medidas legales a emprender serán tanto de carácter penal como civil, señalando que su primera acción estará enfocada en la condena al hostigamiento que dice haber sufrido. Martos calificó de «intolerable» que le atribuyan la alteración de 57 historias clínicas para favorecerse en su carga laboral. Este conflicto, acentuó, debe ser tratado como un asunto laboral y no personal, insistiendo en su responsabilidad como profesional.

Desde AMYTS, la organización sindical que respalda a Martos, su secretaria general, Ángela Hernández, criticó las afirmaciones de la Consejería de Sanidad. Consideró que las declaraciones de Matute fueron «desproporcionadas y desafortunadas», comprometiendo el honor del médico y forzando un juicio mediático en su contra. Hernández argumentó que la administración debería haberse limitado a llevar a cabo una investigación independiente sobre las denuncias y pidió la retractación de la consejera, sugiriendo la posible necesidad de su destitución en caso de negativa.

Por su parte, Matute defendió que el médico denunciador modificó de manera inapropiada la gravedad asignada a 57 pacientes, beneficiándose de ello. Indicó que sus superiores le habían advertido oficialmente sobre su conducta y que la Consejería sigue adelante con las diligencias informativas al respecto. Rechazó las acusaciones de manipulación en la gestión de las listas de espera, asegurando que las prácticas cumplen con lo estipulado por las normativas autonómicas y estatales.

La controversia ha captado la atención de otros profesionales de la sanidad. Catorce Jefes de Servicio del hospital emitieron un comunicado en el que defendieron la autonomía del criterio clínico y afirmaron que supervisar las prioridades de citación es parte de sus funciones para garantizar la equidad en el acceso a la atención. Basilio de la Torre, jefe de Traumatología, también defendió en una carta abierta que se han reajustado criterios debido a la detección de pacientes clasificados como preferentes que excedían los plazos máximos de 90 días establecidos por el centro.

En el ámbito político, la ministra Mónica García cuestionó la idea de que la controversia sea el resultado de la acción aislada de un solo profesional. Ha instado a la administración a proporcionar información y ha abogado por la necesidad de implementar herramientas nacionales que faciliten la trazabilidad y auditoría en los sistemas de citación.

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