El Partido Popular ha presentado una serie de críticas en el Senado contra la gestión sanitaria de Mónica García y el proceso de tramitación del nuevo Estatuto Marco. Durante una intervención en el Pleno, la senadora Rosa Romero cuestionó a la ministra sobre la resolución de problemas estructurales como la carencia de personal sanitario, las listas de espera y las condiciones laborales de los trabajadores. Romero interrogó a la titular de Sanidad sobre si la sanidad pública española se encuentra en mejores condiciones actualmente que al inicio de su mandato, señalando que el balance de sus casi tres años al frente del ministerio es opuesto a lo que se había prometido.
La parlamentaria del PP calificó la gestión como un escenario de tensiones constantes, donde la ministra habría convertido la política sanitaria en un campo de batalla. Romero subrayó la existencia de un déficit de profesionales que no se ha logrado solucionar, lo que ha derivado en la movilización de sindicatos y trabajadores. En relación con el Estatuto Marco, cuya vigencia se remonta a 2003, la senadora reconoció la necesidad de su actualización, pero denunció que el proyecto se ha elaborado sin la participación de los profesionales, los representantes sindicales ni las comunidades autónomas. Ante la inminente convocatoria de huelgas en el sector para el otoño, Romero cuestionó la utilidad de aprobar un texto que cuenta con el rechazo de los médicos.
La representante del Partido Popular exigió que la reforma cuente con seguridad jurídica, una memoria económica y viabilidad técnica, haciendo referencia a las solicitudes de los ministerios de Hacienda y Economía. Estos departamentos solicitaron que la Memoria del Análisis de Impacto Normativo incluyera estimaciones más precisas sobre los costes derivados. Ante estas críticas, Mónica García respondió que el Congreso es el espacio adecuado para debatir y modificar el proyecto, subrayando que el Estatuto Marco no se decide en despachos, sino en las cámaras parlamentarias. La ministra recordó que la ley no se modificaba desde hace 23 años y defendió su apuesta por la reducción de las guardias de 24 horas, una problemática que ella misma experimentó durante su etapa como médica.
La ministra de Sanidad calificó la reforma como la primera piedra para mejorar las condiciones laborales del personal y recordó que la planificación, ordenación y pago de recursos humanos son competencias transferidas a las comunidades autónomas. García destacó que durante su mandato se alcanzaron 120 acuerdos en el Consejo Interterritorial y preguntó al Partido Popular en qué punto específico del Estatuto Marco se oponían y si estaban dispuestos a respaldar la reducción de las guardias. En una segunda intervención, la ministra anunció medidas concretas para los especialistas en formación, que consisten en reducir las guardias en un 30%, estableciendo un máximo de 17 horas y un límite de cuatro guardias al mes. Estas medidas se regularán de forma distinta a la del Estatuto Marco, advirtiendo que, sin la aprobación del proyecto, podrían existir disparidades en las condiciones entre residentes y especialistas.
Rosa Romero insistió en que tanto los sindicatos como los profesionales médicos rechazan la reforma y añadió que comunidades autónomas de diversas orientaciones políticas han manifestado sus objeciones, reiterando la petición de que se escuche a los profesionales. El debate también incluyó la situación de Ceuta y Melilla. El senador popular Abdelhakim Abdeselam solicitó que ambos territorios sean considerados zonas de difícil cobertura, denunciando que los habitantes y los sanitarios se encuentran agotados y abandonados debido al colapso del sistema sanitario en dichas zonas.
Ante las reclamaciones de Abdeselam sobre la falta de refuerzos en Ceuta y Melilla, Mónica García agradeció la labor de los profesionales y destacó su capacidad de reacción para evitar un colapso total. La ministra defendió que, aunque el sistema está tensionado, no se han suspendido cirugías ni consultas, y detalló que había 104 personas ingresadas, de las cuales 13 eran migrantes. El senador Abdeselam rechazó estos datos, señalando que en un solo día se atendieron más de 500 urgencias y que, entre el 1 y el 5 de septiembre, se han atendido más de 1.550 urgencias. El intercambio concluyó sin que se anunciara una decisión definitiva sobre la declaración de Ceuta y Melilla como zonas de difícil cobertura, manteniendo el PP su denuncia sobre la falta de recursos y la ministra su afirmación sobre la tensión del sistema.
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