En lo que respecta a la gestión privada dentro del SNS, el informe revela un notable incremento en el número de hospitales privados, que ha pasado de 106 en 2011 a 145 en 2023, lo que corresponde a un crecimiento del 36,8%. Estos hospitales representan actualmente el 30,7% del total de los centros hospitalarios del SNS. Además, la participación de camas operativas en estos centros ha aumentado del 13,7% en 2011 al 17,8% en 2023, así como el número de quirófanos, que ha crecido del 8% al 10,7%. Este fenómeno es especialmente pronunciado en comunidades como Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, donde la infraestructura privada juega un papel importante en la atención sanitaria.
El uso de fondos públicos en centros sanitarios de gestión privada también se ha incrementado. En 2023, se financió con recursos públicos el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas en estos centros. Aproximadamente el 21% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de hospitalización en estos centros también recibió financiación del SNS. Sin embargo, el informe advierte que este modelo de colaboración no ha mostrado mejoras significativas en términos de eficiencia o resultados de salud, planteando preocupaciones sobre la creciente transferencia de gastos públicos hacia la gestión privada y sus implicaciones en la planificación y control del sistema sanitario.
El informe detalla que, en 2023, entre el 70% y el 80% de los contactos relacionados con diagnósticos comunes, como traumatismos o infecciones respiratorias, se gestionaron en hospitales del SNS. Para procedimientos más complejos, como trasplantes o atención a neonatos con bajo peso, la cobertura por parte de los hospitales públicos supera el 95%. Aun así, el informe identifica varios riesgos vinculados a este modelo mixto de atención, incluyendo la fragmentación de la red asistencial, desigualdades salariales y de condiciones laborales, y la posibilidad de que el sector privado se enfoque en casos menos complejos.
En cuanto al aseguramiento privado, el informe muestra un crecimiento significativo; en 2024, el 32,6% de la población contaba con un seguro médico privado, frente al 17,2% en 2018, con incrementos notables en comunidades como Extremadura y Ceuta. A pesar de esta tendencia, la mayoría de las personas aún prefieren utilizar los servicios públicos, especialmente en atención primaria, donde el 69,9% de la población opta por el SNS. En atención urgente y hospitalaria, esta preferencia también se mantiene alta, con un 72,6% y un 76,1% respectivamente, superando la atención privada.
La pandemia de COVID-19 se identifica como un factor clave que aceleró la contratación de seguros privados, impulsada por la saturación del sistema público y el aumento de los tiempos de espera. Esta situación, junto con la expansión de la sanidad privada, ha llevado a una mayor interdependencia entre el SNS y los operadores privados. Ante esta realidad, el Ministerio de Sanidad hace hincapié en la necesidad de fortalecer la planificación pública y asegurar que la financiación pública se utilice exclusivamente en beneficio del interés general y los principios del SNS.
El informe concluye que, aunque el sistema público sigue siendo el principal defensor del derecho a la salud, la actual tendencia podría debilitar los principios fundamentales del SNS. Entre las recomendaciones se incluyen la mejora de los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada que recibe financiación pública, así como la exigencia de que los centros concertados publiquen indicadores clínicos de manera sistemática.
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