Madrid, 12 de mayo de 2026.- El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto-ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. Esta reforma, llevada a cabo en colaboración con los ministerios de Sanidad y Hacienda, tiene como objetivo primario el reforzamiento de la equidad en el acceso a los medicamentos, asegurando que la situación económica de los pacientes no sirva de barrera para la continuidad de sus tratamientos. Esto se plantea en un contexto de aumento del coste de vida y una incertidumbre económica global.

El Gobierno ha identificado la necesidad de adaptar el actual modelo de copago farmacéutico, tras detectar desigualdades que afectan a grupos específicos, especialmente a aquellos con rentas medias y bajas que, a pesar de no estar exentos, enfrentaban una carga económica considerable debido a tratamientos extensos o de gran necesidad. La reforma establece un sistema de copago más progresivo, garantizando que no se incrementen las aportaciones que los diferentes colectivos realizaban hasta ahora.

Los análisis técnicos del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica han señalado que ciertos niveles de aportación pueden tener efectos negativos sobre la adherencia a los tratamientos, provocando interrupciones o reducciones debidas a razones económicas, lo que a su vez afecta tanto a la salud de los pacientes como al funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Entre las principales innovaciones de esta norma se incluye la ampliación de los niveles de aportación para personas activas y sus beneficiarios, que aumentan de tres a seis tramos de renta. Esto permitirá un ajuste más progresivo en los porcentajes de copago. Asimismo, se establecen nuevos topes máximos de aportación mensual para aquellos con una renta anual inferior a 35.000 euros, que anteriormente carecían de límites específicos, buscando así mitigar el impacto económico en pacientes que requieren tratamientos prolongados o que toman múltiples medicamentos.

La reforma también realiza ajustes para los pensionistas, revisando los tramos de aportación y los límites máximos mensuales, con el fin de aumentar la protección de las personas mayores de menores ingresos y asegurar que puedan continuar con sus tratamientos a largo plazo. Se añade un nuevo tramo intermedio para pensionistas con ingresos entre 18.000 y 60.000 euros al año y se actualizan progresivamente los topes máximos de aportación mensual.

Se establece además la exención automática para pensionistas que reciban complementos por mínimos, evitando que las revalorizaciones de sus pensiones les hagan perder este derecho. La reforma mantiene igualmente las exenciones existentes para colectivos vulnerables, como beneficiarios del ingreso mínimo vital, pensionistas no contributivos, desempleados sin prestación, menores con discapacidad reconocida y personas que padecen accidentes laborales o enfermedades profesionales. Se incluye también la exención para quienes reciben el complemento de ayuda a la infancia.

Según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, se estima que la implementación de esta medida tendrá un coste presupuestario de 265,63 millones de euros. Desde el Ministerio de Sanidad se destaca que la reforma no solo mejorará la adherencia terapéutica de los pacientes, sino que también ayudará a prevenir complicaciones evitables y a disminuir la presión asistencial provocada por interrupciones en los tratamientos debido a motivos económicos.

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