El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto que regula el acceso a la atención sanitaria pública para personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca establecer un procedimiento homologado para garantizar el derecho a la salud de este colectivo, tal como se menciona en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, que aborda la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

La norma se centra en crear un proceso eficiente y uniforme en todo el país para reconocer el derecho a la atención sanitaria de aquellos que no están registrados como residentes. Con esta regulación, se pretende eliminar desigualdades y mejorar el control de enfermedades a través de la atención primaria, optimizando así el uso de recursos públicos. Para simplificar el trámite, se permitirá el reconocimiento del derecho a través de una declaración responsable en la que el solicitante deberá indicar que no posee cobertura sanitaria por otros medios, que no puede trasladar su derecho desde otro país y que no hay un tercero obligado a cubrir su asistencia.

Además, se implementarán medidas que faciliten la comprensión de este procedimiento para personas con discapacidad, asegurando que puedan firmar el documento en condiciones equitativas. En cuanto a la acreditación de la residencia habitual, se aceptarán diversos documentos como certificados de escolarización, informes de servicios sociales, facturas de servicios básicos a nombre del solicitante, y documentos de inscripción consular, además del empadronamiento, que será el principal medio de prueba.

Para evitar interrupciones en la atención médica, se proporcionará un documento provisional al presentar la solicitud, que otorgará acceso inmediato a la asistencia sanitaria financiada por fondos públicos. Este documento será válido en todas las comunidades autónomas mientras se tramita la solicitud. La administración tendrá un plazo de tres meses para notificar su resolución; si no hay respuesta en ese tiempo, se considerará que la solicitud ha sido aprobada por silencio administrativo. Una vez reconocido el derecho, este no caducará hasta que el solicitante obtenga cobertura por otra vía. También se establece que las autoridades deben iniciar el procedimiento de oficio si la persona interesada no puede hacerlo en el primer momento de atención sanitaria.

El real decreto asegura el acceso inmediato y efectivo a la asistencia sanitaria pública para colectivos vulnerables, independientemente de su situación administrativa. Esto incluye a menores de edad y mujeres embarazadas, quienes tendrán garantizada la atención integral, así como el derecho a interrumpir el embarazo conforme a la legislación vigente. También se contempla la protección específica para víctimas de violencia de género, violencia sexual y trata de seres humanos, así como para solicitantes de protección internacional y personas con discapacidad, quienes recibirán asistencia en formatos accesibles.

Asimismo, se ha ampliado la protección a los españoles de origen que residen en el extranjero durante sus visitas temporales a España. Anteriormente, este derecho estaba limitado a pensionistas y trabajadores, pero ahora se extiende a todos los españoles de origen y a sus familiares, siempre que no dispongan de cobertura a través de convenios internacionales o la legislación de seguridad social.

Para garantizar un uso adecuado de los fondos públicos, la norma incluye mecanismos de control sobre los servicios prestados. En caso de que una solicitud sea denegada, se procederá a facturar las atenciones recibidas, aunque no se cobrará si el solicitante demuestra que cumplía los requisitos en el momento de la asistencia. Además, si se detectan inexactitudes en la declaración responsable, el documento provisional quedará sin efecto, y la administración podrá exigir el reembolso de las prestaciones sanitarias recibidas desde el inicio de la solicitud.

Finalmente, el real decreto también mejora la equidad del sistema al equiparar automáticamente a los colectivos exentos en la prestación ortoprotésica, asegurando así una atención más justa y accesible para todos.

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