El Consejo General de Enfermería ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, expresando su preocupación por el intrusismo de las doulas en el ámbito de la obstetricia. Estas profesionales, que no están reconocidas como parte del sistema sanitario, estarían llevando a cabo prácticas que representan un riesgo tanto para las gestantes como para sus bebés. Montserrat Angulo, vicetesorera y vocal matrona del Pleno del CGE, junto a Francisco Corpas, director de los Servicios Jurídicos de la entidad, se reunieron con Julio Cano, fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, y Bárbara Bande, fiscal de la misma secretaría, para hacer hincapié en esta problemática.
Los representantes del Consejo subrayaron que las doulas no poseen una formación regulada ni una titulación oficial que las legitime para operar en el ámbito sanitario. A pesar de ello, su actividad se desarrolla en entornos relacionados con la maternidad y el cuidado de recién nacidos, lo que podría dar lugar a situaciones de grave inseguridad clínica. En este sentido, el CGE argumentó que el número de incidentes relacionados con este intrusismo ha ido en aumento, lo cual agrava el riesgo para las pacientes.
Además, el Consejo General de Enfermería destacó que, desde un punto de vista tributario, las doulas no disponen de un epígrafe dentro del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), lo que podría dar lugar a la creación de una bolsa de ingresos de trabajadores autónomos que no declaran su actividad. Montserrat Angulo también mencionó que los servicios que ofrecen estas profesionales no son gratuitos y sus tarifas oscilan entre 300 y 1200 euros, dependiendo de los servicios contratados, tal como se puede observar en diversas publicaciones en internet.
Asimismo, el CGE planteó una preocupación adicional sobre la emergente figura de las “doulas del final de la vida”, quienes buscan ofrecer acompañamiento emocional y práctico a pacientes en estado terminal y a sus familias. Esta función, según el Consejo, debería ser desempeñada por enfermeras, dado que está regulada por la normativa vigente.
Durante la reunión, los representantes del CGE enfatizaron que las doulas no están capacitadas para realizar funciones sanitarias, ya que carecen de la formación y los recursos necesarios. La Fiscalía mostró gran interés en las preocupaciones planteadas, reconociendo que el intrusismo de estas profesionales es un tema que ha sido abordado previamente en 2015 y 2023, y que continúa creciendo.
El Consejo General de Enfermería solicitó una colaboración más estrecha con la Fiscalía para fortalecer las denuncias y presentar pruebas más contundentes, enfatizando la importancia de proteger la salud de madres y bebés. Ambas partes acordaron trabajar en conjunto para desarrollar un decálogo de recomendaciones dirigido a profesionales, matronas y pacientes, con el objetivo de prevenir el intrusismo y asegurar la salud y seguridad clínica de gestantes y recién nacidos. Este documento será elaborado de manera consensuada entre el CGE y la Fiscalía.
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