El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la alianza sindical CEMSATSE están inmersos en un conflicto institucional tras la desconvocatoria de una huelga de 24 horas que se había programado para el 24 de septiembre en el Área de Salud de Ceuta. La administración ha calificado esta convocatoria de «conflicto fake» y ha afirmado que el seguimiento de la huelga fue del 0% en los centros de atención. Por su parte, CEMSATSE argumenta que la cancelación de la huelga se debió a la «inseguridad jurídica» provocada por la falta de publicación oficial de los servicios mínimos establecidos.

El enfrentamiento se intensificó cuando el sindicato exigió una rectificación pública de la administración y reservó formalmente acciones judiciales por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales relacionados con la huelga y la libertad sindical. El conflicto comenzó oficialmente el 15 de septiembre, cuando se notificó el paro general que se llevaría a cabo desde las 00:00 hasta las 23:59 horas del 24 de septiembre, promovido por CEMSATSE, que incluye a las organizaciones SATSE y CESM, las cuales representan conjuntamente el 30% en la Junta de Personal del Área de Salud de Ceuta.

Para gestionar la huelga, se formó un Comité de Huelga con cinco miembros, tres de SATSE y dos de CESM. Desde el inicio, INGESA alegó que había defectos formales en la tramitación del preaviso. En un comunicado emitido el 24 de septiembre, el organismo afirmó que el escrito contenía «groseros errores e incongruencias», como dirigirse al «Servicio Aragonés de Salud» y no cumplir con los plazos legales de preaviso. A pesar de ello, la administración decidió continuar con el proceso, fundamentándose en el principio de favorecimiento del ejercicio de derechos fundamentales.

El 17 de septiembre tuvo lugar una reunión entre INGESA y el Comité de Huelga. Según la administración, los representantes del «sindicato médico CESM» no asistieron a este encuentro. Durante la reunión, INGESA argumentó que las reivindicaciones presentadas carecían de una base laboral objetiva y que las propuestas sindicales afectarían negativamente al régimen de nombramientos temporales, perjudicando tanto al servicio público como a los trabajadores. Al no llegar a un acuerdo, la Gerencia del Área de Salud de Ceuta procedió a establecer los criterios para los servicios mínimos, que se homologaron a los de un fin de semana, y se elevaron a la Delegación del Gobierno, que aprobó la resolución el 22 de septiembre.

Las versiones de INGESA y CEMSATSE divergen significativamente en cuanto a la gestión del proceso. INGESA sostiene que la resolución fue comunicada correctamente a todas las partes involucradas y que se enviaron notificaciones escritas a cada trabajador designado para los servicios mínimos. En contraste, CEMSATSE, representada por Elisa Beatriz Muñoz Vallejos y Abdelghani El Amrani El Haddad, reivindica que no tuvo acceso al contenido completo de la resolución ni a su publicación oficial, argumentando que esta publicación es esencial para la validez jurídica de la medida.

El sindicato cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que establece que la falta de publicación de los servicios mínimos impide su eficacia y vulnera derechos fundamentales como el de huelga y la libertad sindical, según el artículo 28.2 de la Constitución Española. Durante la víspera de la huelga, se generó una controversia sobre los tiempos de registro y las repercusiones asistenciales. INGESA denunció dos incidentes ocurridos el 23 de septiembre, que consideró «inauditos». En primer lugar, recibió una solicitud para reducir el ámbito de la huelga cuando el proceso ya estaba en marcha, lo que interpretó como un signo de un «estrepitoso fracaso». En segundo lugar, el organismo afirmó que se enteró de la posible desconvocatoria a través de los medios de comunicación sin recibir comunicación oficial directa de los convocantes.

INGESA mantuvo activo el dispositivo organizativo durante la noche para asegurar la continuidad del servicio, y fue solo por la mañana del 24 de septiembre, tras el inicio de los turnos, cuando la administración se percató de que el documento de desconvocatoria había sido registrado el día anterior en un registro oficial ajeno a INGESA. La administración informó que el seguimiento durante las jornadas de noche y mañana fue del 0% y que no hubo daño asistencial, advirtiendo sobre los riesgos laborales que enfrentaría el personal si se ausentaba sin la cobertura legal adecuada. Ante esta situación, la respuesta del sindicato fue contundente, rechazando las afirmaciones de la administración.

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