Ceuta se encuentra en el centro de una polémica relacionada con la atención sanitaria, que ha suscitado críticas entre los profesionales del sector y la ministra de Sanidad, Mónica García. Mientras el Gobierno asegura que la asistencia a los ciudadanos de Ceuta se mantiene sin alteraciones, los trabajadores de la salud alertan sobre una presión asistencial sin precedentes, carencia de personal y agotamiento de las plantillas. Desde el inicio de la crisis migratoria, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha implementado lo que algunos califican de circuitos diferenciados para atender a la población inmigrante, que, cuando son acompañados por organizaciones humanitarias, han generado un trato preferencial que contrasta con la saturación de la sanidad ordinaria.
Los profesionales sanitarios hablan de un «circuito VIP» para inmigrantes, aunque esta denominación no es oficial. Se refieren a accesos y triajes específicos en Urgencias destinados únicamente a la población inmigrante, lo que ha llevado a cuestionar la equidad del sistema. La versión oficial de INGESA sostiene que esta organización permite gestionar eficazmente la llegada de pacientes sin afectar la atención habitual a los ceutíes. Sin embargo, los médicos y sindicatos argumentan que la diferencia en los circuitos es ilusoria, ya que ambos dependen del mismo hospital y de los mismos recursos humanos.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en la zona también han denunciado la situación de los inmigrantes, quienes, a su juicio, reciben un trato inadecuado en el sistema sanitario. Aunque estas entidades están centradas en la atención a los migrantes, no han abordado la creciente preocupación de los ciudadanos ceutíes, que ven cómo se alarga la espera para recibir atención médica. Durante las primeras dos semanas de la emergencia migratoria, el sistema sanitario de Ceuta atendió a aproximadamente 5.800 migrantes, distribuidos entre 3.500 en Atención Primaria y 3.300 en el hospital. Posteriormente, INGESA informó un promedio de 300 atenciones diarias, con un 60% en Atención Primaria y un 40% en el hospital, afirmando que la ocupación media de camas se ha mantenido alrededor del 50%.
INGESA ha respondido a la crisis con un refuerzo en el personal, asegurando que se han realizado más de cien nuevos nombramientos de médicos especialistas, enfermeras y otros profesionales. No obstante, los médicos han señalado que este aumento no supera los cuatro nuevos médicos, lo que pone en duda la efectividad de estas medidas. Según los profesionales de la salud, la crisis no comenzó con la llegada de inmigrantes, sino que ha evidenciado las carencias estructurales de un sistema sanitario que ya enfrentaba dificultades para cubrir ciertos puestos y especialidades.
Los representantes de los médicos han advertido sobre la falta de personal y la sobrecarga de trabajo en Urgencias, mientras que los sindicatos de enfermería han denunciado condiciones laborales difíciles, turnos extraordinarios y una carga asistencial excesiva. La Inspección de Trabajo ha intervenido tras una denuncia del Sindicato de Enfermería (SATSE), que reclamó medidas para abordar la presión asistencial y los riesgos inherentes a la situación. Tras una evaluación, se identificaron problemas de climatización en el Hospital Universitario, donde las temperaturas superaron los límites permitidos.
La crisis sanitaria en Ceuta revela un panorama complicado, ya que el sistema que debe gestionar la emergencia ha estado pidiendo más profesionales desde hace años. Los médicos han propuesto que la atención a los migrantes se realice en un hospital de campaña o una instalación independiente, argumentando que el único hospital de la ciudad no puede soportar la carga adicional, incluso si se establecen circuitos diferenciados.
Las ONG, como Cruz Roja y Médicos del Mundo, han estado activamente involucradas en la atención a los migrantes, aportando equipos médicos y personal, aunque su enfoque ha sido criticado por no considerar las necesidades de los ceutíes, quienes ven cómo aumentan sus listas de espera. La tensión en el sector ha llevado a una convocatoria de huelga por parte de médicos y enfermeras para el 24 de septiembre, que finalmente fue desconvocada en medio de disputas sobre los servicios mínimos y los plazos de comunicación. Los profesionales denunciaron que el Ministerio de Sanidad obstaculizó la posibilidad de realizar la huelga, lo que contrasta con la historia sindical de Mónica García.
Etiquetas: ONG, Ceutíes
